Acuerdo político para un pacto de Estado contra la violencia de género

Los grupos parlamentarios pactan 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años.

Los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo sobre un pacto de Estado contra la violencia de género. Un acuerdo que incluye 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para luchar contra este problema social.

El reparto de los mil millones entre las diferentes administraciones será el siguiente: 500 irán destinados a las Comunidades Autónomas, 500 los gestionará el propio Gobierno y los cien restantes serán para los Ayuntamientos.

Entre las medidas de protección de las víctimas destaca una muy importante: la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y recibir acompañamiento. Y para ello se va reformar el artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia de Genero que define la acreditación de consideración de víctima. Además en este cambio los ayuntamientos tendrán un papel fundamental porque van a crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles a dar el paso de denunciar. Y para ello van a recuperar las competencias en violencia de género que les quitó la polémica ley de régimen local del PP, así que también se modificará esta norma. El nuevo sistema de acreditación, todavía por diseñar, exigirá un informe oficial de los servicios sociales, de los centros de atención primaria o de los recursos de acogida de mujeres.

El acuerdo también presenta reformas judiciales. Una de las más destacadas es que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje la pena. Esto se suprime. También se va a legislar de forma más imperativa para obligar a los jueces a suspender el régimen de visitas en los casos de violencia de género. Se van a prohibir las visitas a la cárcel de los hijos al padre maltratador condenado y la formación de jueces, fiscales y equipos psicosociales será obligatoria. Sin embargo, se queda fuera del acuerdo una reiterada reivindicación de expertos, jueces y asociaciones de mujeres: la eliminación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispensa a la víctima de declarar contra su agresor. Los grupos no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre este punto.

Educación y deporte

Hay una medida muy relevante también en el ámbito deportivo: habrá sanciones administrativas para los clubes deportivos que permitan y consientan la apología de la violencia de género. Se toma a raíz de los graves gritos que se escucharon el año pasado en un partido en el que jugaba el delantero del Betis Rubén Castro, involucrado en un proceso penal por maltratar a su exnovia. Para ello se modificará la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte con el objetivo de que incluya como motivo de infracción y sanción los ataques sexistas y machistas.

En el ámbito educativo, se exigirá que los proyectos de dirección de centro escolar incluyan contenidos específicos sobre igualdad y contra la violencia machista.

Las 200 medidas están cerradas. El presupuesto también. Hay alguna cosa por cerrar que los grupos perfilarán durante el fin de semana como por ejemplo la redacción para ampliar la ley a todas las formas de violencia: a las agresiones sexuales o a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero salvo sorpresas de última hora el lunes se firmará el acuerdo del pacto y el viernes se aprueba en la Comisión de Igualdad.