Carta abierta al Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón

Señor ministro,

Como ciudadanas católicas nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra gran preocupación por los cambios legislativos en materia de la salud sexual y reproductiva que, usted como ministro de Justicia, quiere solicitarle al poder legislador de nuestro país.

Como ciudadanas nos indigna y nos duele que veinte años después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1993 celebrada en Viena –en donde la comunidad internacional, de la cual España también se ha considerado integrante, haya dejado plasmada, primero que los Derechos Humanos son indivisibles y segundo que los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos-, el gobierno español a través de usted como su ministro de Justicia, esté planteando un retroceso grave en materia de ciudadanía de las mujeres.

Nos indigna que no se reconozca que en aquel campo en el que por naturaleza ningún varón puede reemplazarnos, y que es la gestación y el parto de nuevos ciudadanos y ciudadanas, el Estado debe garantizarnos como ciudadanas el derecho a decidir –guiándonos por nuestra conciencia-, sobre la oportunidad y el momento para gestar y traer al mundo un ser humano nuevo.

Nos duele que precisamente en una coyuntura económico-social tan difícil como la que atraviesa nuestro país en la actualidad, en la cual la mayoría de la ciudadanía lucha por sobrevivir, el gobierno quiera despojar a las mujeres sin los recursos necesarios para salir del país, de la dignidad de ser quienes ejercen el control sobre su capacidad de reproducción. Pues al crear una ley injusta que les niegue sus derechos reproductivos, ellas se verán confrontadas a la alternativa indignante de convertirse en madres en contra de su voluntad, o bien, en criminales para poner término clandestinamente y arriesgando su vida y su salud a un embarazo no deseado.

Como ciudadanas católicas nos indigna que a pesar de que las encuestas hayan demostrado que dos de cada tres ciudadanos católicos españoles, mujeres y varones, están a favor de la legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva desde 2010, el Gobierno y usted como ministro de Justicia de un Estado aconfesional, sólo tomen en cuenta la opinión de algunos ciudadanos católicos que, a pesar de no disponer de la más mínima legitimación político-democrática, se arrogan autocráticamente el derecho de ser los voceros de todas las ciudadanas y de los ciudadanos católicos en España, por el simple hecho de desempeñar cargos de dirección dentro de una institución eclesial que goza de una larga tradición histórica.

Pero el Estado español reconoce la libertad religiosa y la libertad de conciencia como Derechos Humanos fundamentales, por ser Estado Miembro del Consejo de Europa y de la Unión Europea y por haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esas libertades y esos estos derechos son derechos individuales que tienen la función de garantizar la protección del ciudadano o de la ciudadana individual contra cualquier tipo de injusticia, incluyendo cualquier forma de totalitarismo estatal o institucional. Como ministro de Justicia y miembro del Ejecutivo usted tiene la responsabilidad de implementar estos tratados y pactos internacionales y proteger los derechos humanos fundamentales en España. Tiene que respetar la libertad religiosa y de conciencia de los individuos ciudadanos católicos mujeres y varones que, como lo demuestran las encuestas, disienten en su gran mayoría con la jerarquía de su comunidad religiosa en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Como ciudadanas católicas nos duele profundamente que se le acuerde mayor valor a la vida de un nasciturus que a la vida de una mujer ciudadana, sujeto de derecho. Nuestra tradición católica enseña otra cosa. Según San Agustín como Santo Tomás, la vida  (intrauterina) del embrión y del feto va adquiriendo valor a medida que avanza el embarazo. Y no se considera en ninguna parte de nuestra tradición católica que exista un derecho a nacer.

Aunque esto no signifique que no consideremos que el nasciturus sea un bien jurídico que merezca protección. Si que la merece, por un lado en la medida en que la gestación va avanzando y en la medida en que la mujer gestante tenga el proyecto de llevar a término su embarazo. Pues todo ser humano que nazca tiene el derecho a nacer en las mejores condiciones sanitarias, económicas y sociales posibles, que el Estado debe garantizar.

Para terminar queremos recordar que nuestra tradición católica considera que la edad en la que una mujer puede decidir sobre una maternidad es la de 14 años.  Pues esa es la edad mínima que se requiere según el Derecho Canónico para que una mujer pueda contraer matrimonio válidamente, es decir, dar su consentimiento a relaciones sexuales (legitimadas) y, por ende, a un posible embarazo en plena libertad y conciencia de lo que hace.

Esperamos que usted como responsable político de un Estado democrático tenga en cuenta estas consideraciones que representan el sentir de una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas católicas en nuestro país, incluyendo el electorado del Partido Popular.

Muy atentamente,

Mar Grandal
Presidenta
Católicas por el Derecho a Decidir de España.