¿Conciliación? No, corresponsabilidad

Silvia Buabent

España cuenta con la generación de mujeres más formadas de su historia. La gran mayoría de ellas son conscientes de la autonomía que supone la independencia económica y, por ello, la maternidad se convierte en muchos de los casos en un obstáculo casi insalvable.

Hace unos días Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, anunció que tiene la intención de proponer un Pacto de Estado para la conciliación y la racionalización de horarios que incluirá, como una de sus principales medidas, que la jornada laboral en nuestro país finalice a las 18 horas. La noticia, por sí misma, podríamos calificarla como buena. Sin embargo, y conociendo la realidad empresarial de nuestro país, prefiero tomarla con cierta cautela.

Que en España deberíamos tener unos horarios laborales más ajustados a las necesidades de las personas no es una reflexión nueva. Hace tiempo que se abrió el debate sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo empresarial que no primara la presencia física de los trabajadores en el puesto de trabajo. Y los datos avalan esta exigencia. Según Eurostat, la productividad por hora de los españoles es de 107,1 puntos, frente a los 124,8 puntos de Alemania o a los 132,5 de Bélgica. Por lo tanto, un mayor número de horas en el trabajo no es sinónimo de más productividad.

Esta reflexión es importante, y debería ser tomada muy en cuenta. Sin embargo, no podemos calificarla de completa si no introducimos en el análisis cómo influye esta situación en hombres y mujeres de forma diferenciada y, también, las consecuencias que esto tiene en sus vidas y en la de sus familias.

Medidas de conciliación

Habrá quien piense que los diversos problemas de “encaje” de las mujeres, que no de los hombres, en el mercado laboral se resuelven con la llamada conciliación de la vida familiar y laboral. Es bien sabido que las empresas han ido introduciendo diversas medidas en este sentido que, mayoritariamente, han ido dirigidas a ellas para que, de este modo, pudieran resolver sus “conflictos en casa”. Una de estas medidas, por poner un ejemplo, ha sido la posibilidad de solicitar una reducción de jornada. A ella, en el año 2015, se acogieron 261.400 personas. De ellas, el 95,3 % fueron mujeres. Otra medida han sido las excedencias por cuidado de hijos e hijas donde solo el 3,4 % han sido disfrutadas por hombres en el último año. Los datos nos muestran que este tipo de medidas no acaban con los problemas pero sí consigue que socialmente éstos sean percibidos como exclusivos de las mujeres.

Esto, evidentemente, tiene consecuencias y no son las mismas para unos que para otras. En la actualidad, España cuenta con la generación de mujeres más formadas de su historia. La gran mayoría de ellas son plenamente conscientes de la autonomía que supone la independencia económica. Es por ello que la maternidad se convierte en muchos de los casos, en un obstáculo casi insalvable. De la decisión de ser madre o no depende, en gran medida, la posibilidad ya no solo de tener una carrera profesional sino de avanzar y ascender en la misma. Quizá por ello España tiene uno de los índices de natalidad más bajos de toda Europa (1,33 hijos/mujer) y donde las mujeres son madres más tarde (30,6 años de media). No es necesario que diga que esto influye de manera muy importante, entre otras muchas cosas, en nuestro crecimiento económico.

El diagnóstico, por tanto, parece estar claro. Esta situación no beneficia ni a los trabajadores que no pueden compatibilizar vida familiar, laboral y personal, ni a las empresas que ven mermada su productividad por una ineficiente gestión de los recursos humanos, ni al Estado que comprueba que el crecimiento vegetativo es negativo y, por lo tanto, va a tener muy complicado mantener nuestro ya mermado estado del bienestar en el futuro.

De modo que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no puede seguir viéndose como un obstáculo sino como una oportunidad para que los hombres comiencen a asumir su parte de responsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos. Al mismo tiempo, el cuidado de los menores y las personas dependientes, no debe pasar “factura” solo a las mujeres a nivel laboral. Los hombres, los trabajadores, también deben ejercer su derecho a una paternidad presente y activa. Y, el Estado, consciente de estas realidades, tiene la obligación de facilitar los recursos y servicios que hagan posible una gestión social del cuidado. En definitiva, solo con el compromiso de cada una de las partes, haciendo consciente que es necesario ser corresponsables y que de ello depende la construcción del país que necesitamos, podremos avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y, sin ninguna duda, más igualitaria.