El Parlamento alemán amplía el delito de violación para que ‘no’ sea ‘no’

La legislación solo castigaba el abuso sexual si la víctima se había resistido de forma física y no solo verbal.

¿Basta con que una mujer se oponga verbalmente a un acercamiento sexual para que, si este se produce, sea considerado delito? ¿Es la violencia un requisito sine qua non para una violación; o es suficiente con que la víctima haya dicho previamente “no”? A estas preguntas respondió el jueves el Bundestag o Cámara baja del Parlamento alemán. Tras meses de tensos debates, los diputados aprobaron por unanimidad (601 síes de los 601 votos emitidos) el endurecimiento legal con el que pretenden asegurar que ninguna agresión sexual quede impune.

La polémica iniciativa –que ha recibido el aplauso de colectivos feministas y las críticas de sectores que temen el abuso en las denuncias– cobró fuerza tras la oleada de agresiones a mujeres por parte de inmigrantes y solicitantes de asilo ocurridos en Colonia la pasada Nochevieja. Los miembros del Bundestag puestos en pie aplaudieron una norma que, según el ministro de Justicia, Heiko Maas, aborda una problemática “que es la más habitual en las agresiones sexuales”.

La reforma del artículo 177 del Código Penal supone rebajar los requisitos para cometer una agresión sexual o violación. Hasta ahora era necesario que el agresor hubiera usado la violencia o al menos que hubiera amenazado con ella; o que la víctima fuera incapaz de protegerse. El problema es que esta ley dejaba fuera casos como el de una mujer que fue obligada por su marido a mantener relaciones sexuales pese a que ella se había negado. No quiso gritar ni pelearse para no despertar a los niños que dormían en la casa. Por esta falta de resistencia física, el Tribunal Federal de Justicia consideró en 2012 que el hombre no había cometido ningún delito.

El espíritu que envuelve esta reforma legal es que las palabras de la víctima son definitivas. Ha de ser suficiente con que quede demostrado que el agresor fue contra la “voluntad perceptible” de la víctima; sea esta a través de palabras como “no” o “para” o con otras muestras de descontento, como llorar. Y quien no atienda a estas peticiones deberá hacer frente a las consecuencias legales, con unas penas de hasta cinco años de cárcel. También se amplía el abanico de actividades consideradas como agresiones, incluyendo actos como besos o manoseos, con una pena máxima de dos años.

Frente a la unanimidad de los diputados y el aplauso de las feministas, la nueva ley también tiene su coro de críticos. La redactora jefa del semanario Die Zeit, Sabine Rückert, escribió un duro artículo contra una norma que consideraba “fatal e innecesaria”, con el argumento de que la reforma abría la puerta a un sinfín de casos en los que las mujeres podrían denunciar al hombre con el que pasaron la noche anterior por motivos totalmente subjetivos.

El nuevo marco legal se enfrentará a la dificultad evidente de demostrar lo ocurrido cuando el o la denunciante diga que se resistió y el acusado lo niegue. “Claro que va a ser difícil demostrarlo. Pero eso también ocurre con la norma actual”, defendió la diputada socialdemócrata Eva Högl, que recordó que se mantiene vigente el principio de favorecer al acusado en caso de duda.

Pese a que hace años que se discute sobre esta norma del “No es no”, el empujón definitivo para la reforma llegó el pasado 31 de diciembre. La oleada de agresiones o robos a un millar de mujeres por partes de hombres procedentes en su mayoría del norte de África o de países árabes supuso un shock en toda Alemania. E hizo que el Gobierno se decidiera a endurecer la ley sobre acoso y a facilitar la expulsión de extranjeros que cometieran delitos.

La legislación impulsada por el Bundestag –aún pendiente de ser aprobada en el Senado- también facilitará la deportación de agresores sexuales extranjeros y, quizás la iniciativa más polémica, servirá para presentar cargos contra todos los miembros de un grupo que hubiera acosado a una mujer. La oposición de verdes e izquierdistas votó contra esta última reforma, al considerar que es muy difícil establecer la culpa colectiva en una persona concreta. “El Estado de derecho no puede permitir la burla de estos grupos. Quien participa de ellos o mira, incluso aunque no haya atacado a nadie, también debe ser castigado”, respondió la diputada democristiana Annete Widmann-Mauz.