Feministas convocan manifestaciones en 40 ciudades el 16M contra el incumplimiento en los PGE 2018 de los 200 millones pactados contra la violencia de género

Cerca de 300 organizaciones feministas convocan el 16 de mayo manifestaciones en 40 ciudades. Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!” exigen que los Presupuestos de Estado para 2018 que debate el Congreso, cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales (el 0,04% del Presupuesto del Estado) acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como mínimo para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debates, que sin presupuesto quedan en papel mojado.

Las organizaciones convocantes protestan por el incumplimiento en el Proyecto presupuestario del Gobierno, frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad, y a la Huelga Feminista histórica este 8 de marzo, ante la que el Presidente Rajoy se puso el lazo morado, y preguntan ¿a costa de cuántas vidas de mujeres, niñas y niños se han hecho propaganda y publicado falsas promesas de mejora el Presidente y la Ministra “de igualdad” Dolors Montserrat?No es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población.

Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación. Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos, atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas. Aborta, además, la aplicación del Convenio de Estambul, de cuya aplicación debe informar este año España al Consejo de Europa, que exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia fuera de la pareja.

Incluso los 80 millones de aumento en la Administración central para ‘mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género’ no son reales, porque su anuncio en la Presentación o Libro Amarillo del Presupuesto no se corresponde con las cuantías reflejadas en los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas específicamente a actuaciones contra la Violencia de Género.

Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto.

En Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

En Sanidad no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.

En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no de pondrá en marcha un nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.

Leer aquí el documento completo.

Confirma aquí la convocatoria de tu ciudad.