Islandia prohíbe por ley que las mujeres cobren menos que los hombres.

El Gobierno de Islandia ha aprobado una reforma legislativa que obligará a las empresas a demostrar que no discriminan a las mujeres con menores salarios en el mismo puesto de trabajo. La norma entrará en vigor en 2020 y el Ejecutivo se marca el objetivo de erradicar la brecha de género en 2022. La ley también afectará a la diferencia de sueldos que se produce en el país por etnia o nacionalidad.

Islandia está a la cabeza en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo está por iniciativas legislativas como la que acaba de aprobar el Gobierno. El gabinete de Bjarni Benediktsson ha presentado en el Parlamento una ley integral para terminar con la discriminación en salarios por sexo, etnia o nacionalidad. Las empresas con más de 25 empleados tendrán que certificar en sus cuentas anuales a la Administración que sus trabajadores cobran lo mismo desempeñando el mismo cargo.

El Ejecutivo se ha marcado el objetivo de eliminar la brecha salarial en 2022. El ministro de Igualdad y asuntos exteriores, Thorsteinn Viglundsson, ha afirmado que las medidas adoptadas en los últimos años para poner solución a este problema somo “la baja por paternidad obligatoria o la cuota del 40% de los consejos de administración.”

Viglundsson ha reconocido que la iniciativa cargará más de burocracia a las empresas del país, “pero es un paso necesario para luchar contra la injusticias”, ha declarado al diario británico The Independent.

Según el Foro Económico Mundial, las mujeres islandesas ganan entre un 14% y un 18% menos que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. A pesar de la diferencia Islandia lidera en los últimos ocho años el ranking de menor desigualdad de género en materia de salarios.

Aunque ha habido críticas en la oposición por la medida, ha tenido buena acogida por la opinión pública, que está acostumbrada a defender las posiciones feministas. En 1975, el 90% de las mujeres del país secundaron una huelga general en la que exigían igualdad de género en derechos sociales.