La enseñanza de la igualdad de Género será obligatoria en Andalucía

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el proyecto de Ley para la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. Los cambios afectan sobre todo al régimen sancionador e incluyen que la lucha contra la discriminación por motivos de género sea materia obligatoria en todos los niveles de enseñanza, al igual que ocurre con la Ley de Memoria Histórica.

La nueva ley facultará a la Administración autonómica a intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad con medidas disciplinarias que irán desde el apercibimiento a las multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. También el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) podrá investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.

Entre las infracciones graves y muy graves, se incluyen la realización de actos (culturales, lúdicos, artísticos o en el marco de eventos deportivos) que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.

«Contribución histórica de las mujeres»

En cuanto a la inclusión de la Igualdad de Género como materia de enseñanza obligatoria en todas las etapas educativas, se impartirá conocimientos sobre «la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género», explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

Una comisión «de personas expertas» se encargará de la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares, y también proporcionará a la inspección educativa nuevas herramientas. Para velar por su cumplimiento habrá «personas responsables de coeducación» en los centros. También será obligatoria la formación en igualdad tanto para el profesorado en prácticas como al equipo directivo de los colegios e institutos públicos.

El texto incluye la elaboración del Plan Especial autonómico contra la Desigualdad Salarial. Asimismo, se establece la creación del Registro de Planes de Igualdad en las Empresas y se dispone la realización periódica de estudios para analizar diferencias retributivas en las empresas.