La mayoría de víctimas de violencia de género siguen sin denunciar, según la Sindicatura de Greuges

La mayoría de las víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana siguen sin denunciar su situación, concluye el informe especial sobre atención y protección a mujeres y menores víctimas de violencia de género elaborado por la Sindicatura de Greuges y que su presidente, José Cholbi ha entregado este martes a la vicepresidenta de las Cortes Valencianas, Carmen Martínez.

El diagnóstico del defensor del pueblo autonómico es que el gran problema de la violencia machista en la Comunidad Valenciana es la falta de medios materiales y humanos para atenderla y, sobre todo, la falta de coordinación entre organizaciones, que permitiría construir un auténtico sistema integral.

El informe, dirigido por el primer adjunto a la Sindicatura, Ángel Luna, constata que, dada la magnitud del problema de la violencia de género llegan pocas quejas a la institución, “lo que nos hace pensar que el sistema tiene una débil credibilidad”, ha dicho Luna. Las quejas registradas están relacionadas con los puntos de encuentro familiar.

El estudio, “una fotografía cuantitativa y cualitativa del sistema de recursos a las víctimas, subraya que la denuncia de maltrato “no debe ser la única puerta de entrada para que las mujeres y los menores a su cargo reciban protección y ayuda” y conminan a la Administración a que desarrolle protocolos para que las mujeres que no denuncian puedan acceder también a los recursos públicos, ya que la vía habitual es disponer de una resolución judicial y, excepcionalmente, de un atestado o parte de lesiones.

El documento incluye 94 recomendaciones a todas las instituciones públicas, entre ellas, pide a la Consejería de Sanidad que implante online el informe médico de Presunta Violencia de Género para que, en tiempo casi real, los juzgados puedan activar el protocolo de protección a la agredida. También demandan a la Consejería de Igualdad que cree dos nuevos centros de emergencia específicos en Valencia y Castellón, donde no hay ninguno. Solo existe uno abierto en Alicante.

El Síndic plantea además que cuando se dicte orden de protección a una mujer víctima de violencia machista esta se extienda a los hijos menores a su cargo, y que esa orden suspenda automáticamente la patria potestad del progenitor violento, para que ya no sea necesaria su autorización para cambiar de centros escolar o sanitario al menor.

El informe, en el que han participado activamente Consuelo Catalá y David Calatayud -han supervisado a víctimas y personal de unos 25 centros de apoyo y lucha contra la violencia de género- apunta que las dos cuestiones que las víctimas de violencia más valoran cuando están en los centros de atención es la obtención de vivienda y empleo.

Según los datos recopilados, la mayor parte de mujeres atendidas están en proceso de exclusión y un número elevado son extranjeras, lo que nos confirma que este colectivo es más vulnerable. Otra de los problemas detectados por la Sindicatura de Greuges es que se produce un abandono prematuro del recurso muy a menudo, lo que impide el seguimiento posterior de cada mujer.

Luna ha lamentado que el acuerdo interinstitucional rubricado en 2014 por todas las instituciones que tienen red de apoyo a las mujeres no se haya evaluado ni una sola vez. “Desde la ley de 2004 contra la Violencia de Género”, ha añadido Catalá, “ninguna institución [pública] ha hecho un informe de evaluación.