Por el derecho al empleo y a la igualdad entre mujeres y hombres

A las organizaciones feministas y de defensa de la igualdad entre mujeres y hombres abajo firmantes sí nos importa la Reforma Laboral, pues afecta a la vida de 8 millones de mujeres con empleo y de 2,4 millones de paradas en nuestro país. También nos importa la política económica, en particular los recortes en los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales (como los de atención a la dependencia) y pensiones, los 4 pilares del Estado del Bienestar, imprescindibles para la igualdad de género en el reparto del empleo y los cuidados.

El Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral:

– Amplia de 3 a 12 meses el periodo de prueba de los contratos en las empresas de menos de 50 trabajadores (art. 4.1), con lo que, en ese periodo, con financiación pública, se computarán como indefinidos contratos temporales de duración indeterminada.
– Modifica el Contrato a tiempo parcial (art. 12.4.c del Estatuto de los Trabajadores) eliminando la prohibición de horas extraordinarias, como “mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo”. Sin mejorar su feminización (78% mujeres), su voluntariedad, ni obviamente su menor retribución, la elasticidad de su duración vía horas extraordinarias reducirá, además, su compatibilidad con otras actividades.
– Facilita el descuelgue o incumplimiento de los convenios colectivos, cauce de aplicación en las empresas de los arts. 45 al 49 de la Ley de Igualdad, en el acceso al empleo, la promoción y retribución, así como en el derecho a la conciliación del empleo y la vida personal.
– Fomenta más el despido que la contratación o la estabilidad, y, so pretexto de combatir la dualidad entre empleo fijo y temporal, iguala ambos a la baja.

El Informe de Impacto de Género del Decreto-ley destaca la mayor Tasa de Temporalidad de las Mujeres (26,02%) respecto a los hombres (24,05%) y la mayor Tasa de Paro femenino respecto al masculino (23.32% y 22.46%, según la EPA IV Tr 2011), previendo que la brecha de género se reducirá gracias a que el art. 4.5 establece para la contratación por tres años en empresas de menos de 50 trabajadores, subvenciones que, pese a ser un 10% superiores para las mujeres jóvenes y 15% para las paradas de larga duración mayores de 45 años, son, a nuestro juicio, no determinantes de la voluntad de contratar, como tampoco la reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social (art. 3.2) de 1.500 €/año por trabajador y 1.800 por trabajadora cuyo contrato para la formación y el aprendizaje se transforme en indefinido.

Sin embargo, ni el propio Decreto-ley ni su Informe de Impacto de Género mencionan ni combaten la “violencia estructural de género” fruto de la desigualdad en el empleo, manifestada en una Tasa de Ocupación Femenina del 52,9%, 14,4 puntos inferior a la masculina, discriminación salarial e inferior protección por desempleo (sólo el 22,4% de las paradas tienen prestación contributiva, frente al 27,5% de los parados, y su cuantía media es un 15% inferior).

Las causas de esta desigualdad son la subsistencia de prejuicios, la organización empresarial incompatible con la conciliación, que se agravará por la desregulación de la jornada que atraviesa este Decreto, y la falta de servicios de atención a la infancia y otras personas en situación de dependencia.

Los recortes en el gasto público que se vienen realizando desde mayo de 2010, además de reducir en 2.000 millones de euros el gasto en educación y de suspender durante 2012 y 2013 la atención a personas en situación de dependencia moderada, perpetuando los cuidados familiares que recaen sobre las mujeres, han afectado a las políticas de igualdad. Además de su presupuesto, se ha reducido el rango de los organismos responsables, suprimiendo primero el Ministerio de Igualdad y luego la Secretaría de Estado de Igualdad, asignando incluso tiempo parcial a la Directora del Instituto de la Mujer. En las Comunidades Autónomas se ha reducido el derecho a la participación para la igualdad que establecen los arts. 9.2 y 23 de la Constitución, eliminando los Consejos de la Mujer de la Comunidad de Madrid y Cantabria.

La espiral de contracción de la economía por recorte del gasto público incide en menor recaudación de impuestos, que la Disposición Adicional 2ª del Decreto traduce en supresión de servicios públicos “por insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”.

El recorte del Estado del Bienestar perjudica especialmente a las mujeres, pues recae sobre nosotras el cuidado de la infancia y las personas en situación de dependencia; hace perder un importante yacimiento de empleo y debilita el concepto de ciudadanía como “cuidadanía”.

Por ello, como trabajadoras, paradas y cuidadoras, en ejercicio de la ciudadanía activa en defensa del derecho al empleo y a la igualdad, apoyamos la huelga laboral y ciudadana convocada el 29 de marzo de 2012.

1. Fórum de Política Feminista.
2. Nosotras Mismas Chamberí.

Gráfico:  Mujeres y hombres contratados a jornada completa y parcial 2007-2011 (en miles)