La muerte de Ana Orantes y las circunstancias que rodean este asunto, del que resalta la decisión judicial de obligar al verdugo y su víctima a vivir en la misma casa, pone de manifiesto que si no fuera por lo embotada que generalmente está la sensibilidad frente al fenómeno de la violencia de género, produciría espanto la secular actuación de muchos de nuestros jueces y fiscales, que curiosamente no ha hecho más que agudizarse negativamente desde que las mujeres conseguimos en este país la igualdad formal, quizá porque, como escribía en 1985 Emilce Dio Bleichmar, “cuanto mayor sea, en la mujer, su legítima ambición de erigirse en sujeto de su destino, de lograr ser compañera del varón en igualdad de derechos y posibilidades, éste se manifiesta frecuentemente de dos formas: tiránico y brutal o timorato e inconsistente”. Y así resulta abrumador el cúmulo de disparatadas y peregrinas decisiones y argumentaciones jurídicas en esta materia, a las que se une con frecuencia la falta de diligencia, cuando no una auténtica desidia en el proceso. Tanto es así, que la reunión de ministros del área social de la entonces Comunidad Europea celebrada en Bruselas en marzo de 1991, dedicó una preocupada reflexión “a la peculiar mentalidad sexista de los jueces españoles”, sin que en los seis años que nos separan de aquel evento se haya producido cambio alguno, conscientes o no de que esta actitud contribuye eficazmente como dique de contención para que la desigualdad y la violencia doméstica, que cumplen su función en esta misógina estructura social, se perpetúen y a su vez las mujeres que, en tales situaciones ven su única posibilidad de salvación en jueces y tribunales, paguen con su vida física o psíquica. Un resultado que por otra parte nadie quiere que se produzca.
Estas cuestiones nos hacen comprobar habitualmente que como dice Piero Calamandrei “las leyes mueren al pie de los tribunales”. Porque siendo cierto que podría mejorarse la legislación existente, no lo es menos que con las actuales normas se podría avanzar en la línea de defender a las víctimas, disuadir a potenciales agresores y elaborar una doctrina y una jurisprudencia con la suficiente dignidad y ausencia de sexismo. Por qué razón no se aplica el actual artículo 153 del C. P. que impone una pena de hasta 3 años de cárcel a los maltratadores y, en el mejor de los casos, todo se queda en una simple falta. Por qué razón no se aplican medidas como el distanciamiento del agresor del lugar en el que vive la víctima. Por qué razón a los asistentes sociales adscritos al equipo psicotécnico de los juzgados de familia no se les encargan informes de campo, en los supuestos concretos, que arrojen luz sobre la realidad de unos hechos o, por qué no se realiza una exhaustiva investigación policial y por qué no se tramitan por la vía de urgencia estos procesos. Por qué, finalmente, todo se reduce a un pobre simulacro de vista oral cuya brevedad y enfoque están completamente alejados de esa realidad hasta el punto de subvertirla. Los instrumentos, que la actual legislación pone al servicio de los jueces, permitirían dar respuesta satisfactoria a estos interrogantes.
Recuerdo estos días un artículo que escribí hace años y que comenzaba así: Luis Rojas Marco comentando un dictamen del Tribunal Supremo de EEUU resalta la sensibilidad y sencillez del alto tribunal, su empatía que él define como “la capacidad de los altos magistrados para ponerse en el lugar de la mujer, de ubicarse con afecto y comprensión en su difícil encrucijada histórica”. Y añade que al expresar su respeto por la calidad de vida de las mujeres, “los magistrados han demostrado que estas cuestiones no se pueden resolver solo con leyes, hace falta sobre todo que se resuelvan en los corazones y las mentes”.
En efecto, de nada ha servido el trabajo que, ilusionadamente, realizamos entre 1988 y 1989 junto a la recién creada comisión de malos tratos del Senado que alumbró la reforma penal de 1989. Todo aquello se estrelló contra el muro de la administración de justicia que no sólo con su negligencia redujo a cenizas aquel esfuerzo, sino que activamente se opusieron a su aplicación. Creo que fue en junio de 1993 cuando el Consejo General del Poder Judicial y en concreto el área de formación de jueces y fiscales, nos invitó a participar como ponentes en unas jornadas para debatir los “aspectos civiles y penales en las crisis matrimoniales”. Pues bien, la única propuesta que, desde las filas del Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado, defendieron algunos magistrados y fiscales fue la eliminación del artículo 425, hoy 153, del C. P. que en aquella reforma había tipificado el delito de malos tratos que hasta entonces no existía como tal.
Pero el problema no se agota en la responsabilidad de Jueces y Fiscales aunque por su determinante intervención y los efectos que produce se vean directamente implicados y podrían ser un importante motor de cambio social que se requiere.
Hace ya demasiados años que las organizaciones feministas vienen denunciado estos y las profesionales, expertas y teóricas, también feministas, que con su experiencia y su estudio, van profundizando en las causas, variables y características del fenómeno de la violencia doméstica y conocen sus raíces estructurales, sus propias “leyes” internas, su proceso, etc. Demasiado tiempo como para permitir, sin exigir responsabilidades, que el vicepresidente del Gobierno, Sr. Alvarez Cascos, se atreva impunemente a decir que son hechos aislados, propios de un enajenado mental capaz de provocar, si no ésta, otra tragedia, sobre todo demasiado tiempo como para dejar en manos como esas las posibles modificaciones o medidas a adoptar. Es imprescindible que sea el movimiento organizativo feminista quien hable, quien protagonice, quien proponga, y el Parlamento debe actuar en consecuencia. Hay que proporcionar a las mujeres el clima y la autoridad que les corresponde para tener un puesto destacado en el debate que debe abrirse urgentemente respecto a la situación real de las mujeres. Y en eso están comprometidas todas las instancias si no quieren seguir siendo, por acción u omisión, cómplices de los atroces crímenes que se cometen diariamente contra las mujeres y las niñas.
Emilia Caballero Álvarez.
Mujeres Juristas Themis Alicante 1996