Cuando un fenómeno se sitúa justo en la frontera entre lo privado, una adolescente de 16 años que a mediados de curso se muestra con un velo, y lo público, un colegio provisto de una explícita normativa, nos conviene hacer preguntas y reconocer que tipo de respuestas impiden que avance el debate. Si se opta por una visión que identifique el velo con una simple prenda, la discusión se centrará sobre el ideario del colegio. Su normativa será calificada de rígida o sensata, en orden a cómo afecte a otros atuendos similares gorras o viseras. En la misma línea, habrá testimonios sobre nuestra historia velada, pañoletas, mantillas. Todos los ejemplos sirven para buscar equivalencias de uso en el vestir. No hay rivalidad, sólo son variaciones sobre una prenda y su función. Desde un punto de vista indumentario, se despliega la tolerancia y ésta será mayor cuanto menor sea la extensión de la tela: la yihab, shayla, chador, nigab, con la salvedad del rechazo unánime al burka, cuya prohibición en Francia y Bélgica ha sido tanto por su significado taliban, como por la garantía de seguridad en la vía pública, que requiere no sólo ver, sino ser visto.

Si es sólo un pañuelo, todos tenemos la opción de ejercer el beneficio de la distinción. ¿Acaso no es el consumo, rasgo occidental por excelencia, el que nos asegura la magia de escoger cualquier bien que mejor nos diferencie de los demás? ¿Qué razones tendríamos para no aceptar otras preferencias? En los reportajes de prensa, así lo presentan las mujeres jóvenes que optan por llevar el velo, como un ritual, una seña de identidad cultural. Múltiples significados en torno a una decisión singular. Contenido que concita las más solventes adhesiones; porque tratándose de suvoluntad, el barómetro de nuestra tolerancia oscilará entre su grado de libertad o su imposición. Sin embargo las propias jóvenes, con una prodigiosa honestidad, son las primeras en saber que el velo se transforma en un símbolo capaz de imponer normas de conducta: tendrán restringida su movilidad, no podrán salir de discotecas y deberán ejercer una estricta vigilancia sobre su imagen.  Sin embargo, lo común en su discurso es lo que no puede ser hablado: la diferencia de trato respecto a los hombres de su mismo grupo de referencia que, liberados de todo tipo de velos, extremos o discretos, no verán confiscada su libertad de movimientos. Celia Amorós lo dice mejor en Vetas de la Ilustración,Feminismo e Islam, al reparar lo difícil que nos resulta discernir a los hombres musulmanes de otros hombres, a no ser que deambulen acompañados de mujer cubierta, dado que ellos desterritorializados y vestidos de Manolos no se sentirán lejos de si mismos.

Otra forma de invocar la tolerancia es representar el velo como un hecho religioso. Por un lado, los debates sobre la diferencia entre la verdad revelada en el Corán, y el significado social que le dan sus intérpretes. Por otro, la visión católica al demandar su  presencia en la escuela pública apelando a la pluralidad de representaciones, crucifijos y velos; cuando realmente el derecho a la libertad religiosa es un principio de la moral laica, al negar la exclusividad a cualquier doctrina religiosa. La laicidad define la religión como un elemento subjetivo, una creencia interna que dota de sentido a aquellos que la vivencien, pero cuyos símbolos no cabe reproducir en instituciones públicas u oficiales, salvo en aquellos lugares destinados a colectivizar los rituales de cada credo religioso. No obstante, quienes lo conciban como una representación religiosa, deberán  explicar porque todas las religiones monoteístas se especializan en  fijar lo obsceno en el cuerpo de las mujeres, que ni siquiera a ellas pertenece, salvo una alquimia de símbolos que recuerden su obligado pudor.

Otro lenguaje tolerante alcanza a los derechos, pero no para recordar su necesaria universalidad frente a los multiculturalismos, cuyos defensores concentran sus defensas en un respeto sin fisuras a una cultura particular, sino para presentar los derechos sujetos a un ranking de legitimidad. De esta manera se proclama el derecho a la educación por encima de otros derechos. Sin decir abiertamente qué otros han de ceder el paso. Quizá se trate de la libertad, confundida con el lenguaje abstracto de las preferencias, y no tratada desde lo complejo que resulta elegir libremente los códigos culturales y religiosos, cuando todos sabemos lo costoso que resulta desprenderse de lo que se hace en nuestro nombre pero sin nosotros. Es cierto, que el derecho a la educación resulta decisivo para los diferentes Comités de Naciones Unidas, un factor clave al examinar la legislación internacional y las políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, puesto que el conocimiento es la llave maestra para exigir tener derechos. Los informes de Naciones Unidas recuerdan que la educación juega un papel decisivo para que en nombre de la tradición y la cultura no se vulnere la dignidad de las personas. Sin embargo, es la universalidad de los derechos lo que prima sobre la invocación a la idiosincrasia cultural. Y la universalidad es inalcanzable sin la igualdad de trato, el derecho a la igualdad concibe que todos los seres humanos gocen de igual importancia y consideración ante sus gobiernos y ante los demás. No en términos de semejanza, como nos recuerda Amelia Valcárcel, sino en cuanto a equivalencia de oportunidades y derechos.

Una buena educación es aquella donde las materias curriculares estén ligadas al compromiso de cómo ejercer la ciudadanía, cada vez más cosmopolita y a la vez más exigente con los relativismos y las prudentes distancias. Educar en libertad e igualdad nos permite acceder al código ético de poder interpelar cualquier hecho contrario a la  reciprocidad. ¿Por qué si las jóvenes musulmanas reciben el legado del velo de su propio colectivo de referencia, no están autorizadas para hablar en nombre de su grupo?  Ellas encarnan la identidad en el ámbito público, se hacen cargo de sus representaciones, pero sin recibir a cambio el derecho a participar en las decisiones públicas y, menos aún, en las políticas.

Ahora queda lo más difícil, desplazar la decisión sobre las normativas de cada centro educativo, o afrontarlo políticamente, es decir, pensar en la supuesta neutralidad respecto a aquellos símbolos que están comprometidos con la censura y en los modos de gestionar su presencia en el espacio público que, por definición, es el espacio de los iguales.

Soledad Murillo.

Profesora de la Universidad de Salamanca.

Miembro del Comité CEDAW de Naciones Unidaspdf-icon