Me resulta sumamente satisfactorio, al tiempo que comprometedor, participar en este Primer Seminario de Cultura Institucional que convoca el Gobierno de la República de México, en oportunidad de la presentación del Programa Federal para impulsar cambios organizacionales que requieren los poderes públicos para contribuir al logro de la igualdad de las y los mexicanos. Esta invitación que agradezco altamente, es honrosa por las actuaciones que los gobiernos de este país han asumido como avances comprometidos con el tema de la igualdad. Basta recordar el reto que para México significó su liderazgo en la preparación y ejecución de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975, que todas y todos conocemos, y otros episodios de la vida menuda de estos eventos que solo anecdóticamente llegan a conocerse, como el papel crucial que jugo la representación mexicana en la preparación de la Plataforma de Acción en Beijing cuando la discutíamos en su primera precaria versión, en trabajo extra de fin de semana, en la hospitalaria Embajada Mexicana en Viena en 1994. México fue así mismo sede de la Novena Conferencia Regional de la CEPAL sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que nos legó el importante “Consenso de México”, cuyas recomendaciones mayoritariamente aluden en forma explícita a las políticas públicas. En otra perspectivas México es, hoy por hoy, uno de los países de la región donde, desde 1975, se puede hilvanar la historia de un conjunto de esfuerzos sostenidos por dar progresivamente respuestas a las situaciones de desigualdad y discriminación entre sus ciudadanas y ciudadanos.

Decía al principio que era para mi una ocasión comprometedora, porque quienes gentilmente me han hecho el honor de invitarme, me han fijado previamente una agenda de asuntos a desarrollar en estos minutos, sobre un tema complejo que está en el centro de los debates de los derechos de las mujeres y sobre el cual hay una producción cuantiosa, en permanente perfeccionamiento y ampliación. Se me ha pedido hablar sobre asuntos que pueden resultar elementales para la calificada audiencia: una ponencia sobre las políticas públicas en general y sobre las políticas con perspectiva de género, en particular, como introducción de esta reunión.

Políticas Públicas en los procesos estatales reciente de la región

Comenzaré refiriéndome muy sintéticamente a las políticas públicas; y quiero señalar que me parece un acierto, de las y los organizadores, que traigan el asunto a la discusión, porque tengo algo más que una mera impresión, de que los Estados latinoamericanos han avanzado en la formulación y puesta en marcha de “políticas con perspectiva de género” -que yo prefiero llamar “políticas de igualdad de género”- antes de tener claramente definidos los procesos de formación, implementación y evaluación de las políticas públicas. En algunos casos pareciera que las y los responsables de las decisiones que tienen que ver con las políticas de igualdad de género hubiesen entrado en su producción sin tener claros los requisitos que podrían garantizar su factibilidad, su sostenibilidad y su eficiencia. Pero, como dicen en muchas partes, “mal de muchos, consuelo de pocos”; esto no sólo ocurre en nuestra región con las políticas de igualdad de género sino en general con las políticas públicas que corresponden a otros campos o necesidades.

En verdad, casi todas y todos quienes se ocupan del análisis de las políticas públicas en nuestra región y casi podría afirmarse que en Ibero América, coinciden en afirmar que la institucionalización de las políticas públicas como instrumentos indispensables de la gobernación, es una tradición relativamente reciente, que aun está por consolidarse. Para la mayoría de los y las autoras la ampliación y expansión de las políticas públicas se asocia al desarrollo del llamado Estado del Bienestar o Welfare State, de mediados del siglo XX, aun cuando para otras y otros se asocia al llamado Estado Bismarckiano que dio origen al Estado Social de Derecho, cuando se inicia la extensión de la actividad del Estado hacia áreas donde carecía de competencias, como fue en un principio la seguridad social y por ello su análisis de asoció inicialmente a la Teoría del Estado.

Como he dicho en otras oportunidades, en razón del seguimiento que a saltos he venido haciendo de las políticas de Igualdad en nuestros países, aun antes de que las políticas públicas estuviesen legitimadas como instrumentos reconocidos y aceptados en la acción de los poderes públicos, la tradición mantuvo a las mujeres y a sus necesidades, fuera de cualquier mención en los intereses y prioridades del sector público o apenas fueron mencionadas puntualmente en conexión con la maternidad biológica. Y hoy, pese a los esfuerzos de los Estados por entrar seriamente en el tema de las políticas públicas, pese a los esfuerzos que en materia de Reformas del Estado se dieron a partir de los años 80 y los que se intentan a partir de los finales de los años 90 y lo que va del siglo XXI, no podemos decir que nos hayamos puesto completamente al día en esta materia, cada vez más compleja y exigente conceptual, metodológica, técnica y políticamente. Por otra parte cuanto más recientes son los temas que ingresan en la universo multiforme de los asuntos que se reconocen que son o deben ser competencia del Estado, mas dificultades encuentra su institucionalización en las políticas públicas. Es el caso de los llamados sectores novedosos del desarrollo como los asuntos ambientales o culturales hace unos 30 años o más recientemente las dimensiones novedosas como las tecnologías informáticas, los derechos humanos o la igualdad de géneros.

Desde dónde se puede hablar de las políticas públicas

A las políticas públicas, cualquiera que sea la materia de la que se traten, le acompañan varias interpretaciones ya que se trata de un término polisémico, de cuyas denotaciones más comúnmente empleadas hay dos significativas que son, a grandes rasgos las siguientes:

a) Por una parte, cuando hablamos de políticas públicas podemos estarnos refiriendo a un proceso que se gesta dentro del sistema político y del cual resultan entre otros productos, los instrumentos que conocemos más comúnmente como las políticas públicas. Se trata en esta perspectiva de considerar a la política en su dimensión de hecho sociopolítico e histórico. En ciertos casos algunas visiones reduccionistas del tema sólo entienden a la política pública como un producto del sistema político, mientras omiten la complejidad y dinámica del proceso en su conjunto, lo cual en mi criterio es indispensable para su cabal comprensión y gestión.

b) Pero, también podríamos hablar de políticas públicas para referirnos a una ciencia aplicada, que corresponde a una disciplina compleja, cuyo emblema teórico práctico distintivo es el “Análisis de Políticas” o “Policy Analysis” y cuyo origen está vinculado al surgimiento de la llamada “Ciencia Política” a partir de su temprana inclusión dentro del enfoque de la Teoría del Estado. Esta disciplina tiene por objeto estudiar y analizar la acción de las autoridades que gestionan lo acción del poder público. Este sentido necesariamente nos remite a considerar a la política pública como una categoría de análisis, enriquecida por el avance académico en torno al tema, caracterizado por diversos enfoques que no es posible mencionar en este breve ensayo.

Desde esta perspectiva general podemos reconocer algunos asuntos que tocan muy estrechamente con la situación de las políticas de igualdad en nuestra región. Por una parte, constituyen un tema novedoso como área de interés público; sin embargo, su desarrollo ha sido vertiginoso en los últimos 15 años y no siempre coherente y, en mi criterio, la reflexión e incluso las decisiones sobre las políticas públicas de igualdad como problema específico, han estando relativamente separadas de las exigencias de su mejor sistematización en términos teórico, metodológicos y técnicos. Pero creo que estos no son rasgos exclusivos de América Latina y El Caribe, son internacionales.

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