Síntesis de la propuesta política:
La constituyente feminista surge como necesidad de constituirnos en un polo político feminista en la Convención Nacional Democrática e impulsar una profunda reforma democrática del Estado desde una perspectiva de género feminista que incluye la transformación de Constitución Mexicana, de tal manera que la perspectiva de género sea una estructura transversal de nuestra carta magna y recoja el nuevo pacto de género en el Estado.

El reto
No es una casualidad que Ségolène Royal quien será la primera mujer presidenta de Francia, plantee que la primera ley que aprobará su gobierno será la de violencia contra las mujeres, como no fue casual que la primera ley que propuso Rodríguez Zapatero y aprobó el Congreso de los Diputados de España a instancias de las mujeres progresistas y socialistas, todas feministas, haya sido la de violencia de género contra las mujeres.

Son evidencias jurídicas de cambios estructurales tras décadas y siglos de esfuerzos y aportes feministas a la transformación de la sociedad, la cultura, la política y el Estado. Se deben también, a los avances de capas de mujeres, simultáneos a la agudización de formas de dominación de género sobre las mujeres en esos países y en el mundo. España y Francia están clasificados por el PNUD como de alto desarrollo y se auto denominan democráticos, en ellos, sin embargo, prevalecen formas patriarcales de organización social y de configuración del Estado.

En ambos casos,  la nueva estructuración jurídica del contrato sexual se da en el marco del estado de bienestar que no ha modificado radicalmente las relaciones de poder entre mujeres y hombres y en las estructuras sociales y la marca patriarcal del Estado.

Nuestro país de acuerdo con el PNUD, está en la frontera entre los de desarrollo medio y alto desarrollo, el panorama es desolador por el desmantelamiento del  contenido social del Estado y una permanente ruptura de las normas democráticas  por grupos sociales y económicos, empresariales, delictivos y por gobernantes y ciudadanos comunes, así como por la utilización facciosa y la manipulación de las instituciones de gobierno y del Estado.

Para nosotras el desafío es de mayor profundidad por nuestra historia, por la situación periférica, dependiente y subalterna de nuestro país en la globalización, y por la combinación neoliberal y patriarcal prevaleciente en el modelo económico, la organización social y el Estado. La desigualdad,  las inequidades y las brechas entre grupos, comunidades y personas son extraordinarias e inadmisibles. La participación ciudadana es relativamente incipiente y la relación del Estado con la sociedad civil está plagada de desencuentros e incluso de represión política, y el ejercicio de los poderes se caracteriza por la ilegalidad y el autoritarismo. La vigencia y exigibilidad de los derechos y garantías constitucionales son parciales y en muchos casos, las instituciones que deberían garantizarlos contribuyen a su violación e incumplimiento.

Por eso, en estas tierras no son vigentes los derechos humanos de las mujeres  ni la ciudadanía plena de las mujeres: Nos caracteriza una ciudadanía de segunda, fragmentada, y discontinua que contiene la contradicción entre derechos y oportunidades y la preservación de la desigualdad de género. Los avances y los derechos parciales de algunas, logrados por millones de mujeres anónimas al vivir y por los movimientos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres y las libertades democráticas, no son universales ni estables. Para ejercerlos, es preciso enfrentar obstáculos y negativas. Con frecuencia las mujeres y los derechos sufren agresiones de funcionarios y autoridades que deberían respetarlas y garantizarlos. A pesar de los avances, hay retrocesos.

Actualmente se ciernen amenazas por el control gubernamental de grupos y fuerzas conservadoras y por el ingerencismo de diversas organizaciones eclesiásticas y religiosas en los asuntos públicos violentando el pacto de laicismo fundamental en nuestra historia democratizadora y en los avances de género. La coyuntura se caracteriza por el incremento de una política social y de Estado sexista, clasista, sectaria y excluyente, además de patriarcal, ostensiblemente misógina y machista, que hace inaccesible el bienestar para la inmensa mayoría de las mujeres. Incluso, en algunas instituciones se utiliza un lenguaje de género que disfraza políticas que perpetúan la desigualdad y la exclusión. El neoliberalismo patriarcal es opuesto a un desarrollo que elimine la desigualdad y el régimen político no asegura la participación democrática mayoritaria. Las instituciones del Estado deben ser reformadas radicalmente de tal manera que el Estado deje de ser un lastre y se convierta en promotor de las innovaciones.

Desde una perspectiva feminista de género, las mujeres debemos oponernos a ser consideradas por quienes nos representan como uno más de los grupos llamados vulnerables o como parte de otros grupos  y categorías (el pueblo, las clases, las etnias,  los grupos de edad, la sociedad civil). Debemos negarnos a que  sólo se reconozcan algunos grupos de mujeres (las amas de casa, las mujeres en situación de prostitución, las mujeres pobres, las madres solteras). Esas formas de designarnos anulan la consideración de que formamos todas un género, definido por relaciones de poder. Tampoco podemos permitir que la opresión de género se considere normal o natural y que se piense que los avances en su erradicación se han ido dando como parte de una inercia inexplicable de progreso y que los profundos cambios que impulsaremos, aunque no incluyan la perspectiva de género, abatirán automáticamente la opresión.

Con esta mirada crítica, cualquier propuesta de transformación del país con sentido progresista y de izquierda debe contener alternativas feministas de género a la dialéctica social definida por las relaciones entre mujeres y hombres, en la sociedad y en el Estado, y en su  articulación con otras esferas y conjuntos de relaciones. Nosotras sabemos que son urgentes cambios de género para eliminar brechas, desigualdades, privilegios y formas de dominación basadas en el sexo y que deben ser impulsados de manera particular. La problemática de género precisa un análisis científico específico, no puede ser subsumida en otras y requiere conocimientos puntuales para ser enfrentada.

Quienes promueven cambios democráticos no pueden continuar convocando a las mujeres como bases de apoyo político, como seguidoras acríticas, tampoco pueden usar las necesidades vitales de las mujeres como soporte de políticas clientelares. Las fuerzas democráticas requieren reconocer en las mujeres un sujeto político que ha participado en un sin fin de movimientos transformadores del país y que deben ser reconocidas con su propio perfil y ciudadanía. Requieren, asumir de una forma comprometida, la transformación de género de la sociedad y del Estado como parte estructural de su alternativa. En este proceso es importante abatir el antifeminismo explícito o embozado que no es monopolio de la derecha y del conservadurismo, y llamar feminismo al feminismo, valorar los aportes de nuestra tradición y nuestra identidad y convertirlos en parte de la riqueza política  que nos define.

Por eso, en esta hora, como integrantes de la Convención Nacional Democrática nuestro reto es lograr que la Convención, el Frente Amplio Progresista, los partidos que lo conforman, las organizaciones y las personalidades que se suman a este bloque de fuerzas reconozcan como propia la alternativa feminista contenida en sus filas y como parte de su tradición histórica y política.

Es preciso contribuir a consolidar al conjunto de fuerzas capaces de impulsar y lograr un cambio cualitativo, paradigmático para construir la democracia social y política articulada y en concordancia con el desarrollo humano sustentable  con sentido feminista.

Nuestra alternativa implica lograr la articulación convergente de la democracia y el desarrollo como modelo de convivencia social y de un ordenamiento económico cuya prioridad sea la utilización de los recursos humanos y materiales para lograr el avance emancipatorio de las mayorías con  calidad de vida. En estos procesos, la relación entre la sociedad y el Estado deberá asegurar la democracia, la gobernabilidad y la participación democrática de la ciudadanía y sus organizaciones para garantizar los derechos humanos y generar condiciones de superación de las variadas formas de exclusión y de opresión prevalecientes en México, así como la prevalencia de la justicia.

Por eso requerimos avanzar en la postergada reforma democrática del Estado y, en consecuencia, en el nuevo marco jurídico que albergará dicha reforma.

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