Una ley para la igualdad en el mundo rural que no germina

“¿Y si tu mujer luego se te quiere largar y se lleva las vacas, qué? ¡Te vas a quedar sin nada!”. Los colegas del marido de Begoña Liñares le hacían, socarrones, comentarios como estos cuando se enteraron de que esta familia de ganaderos de A Coruña se había acogido a la Ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias. Esta norma, con la que España se situó en 2011 a la cabeza del reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales, está en las antípodas de permitirles fugarse con las reses del cónyuge. Su función es reconocer la labor de cientos de miles de mujeres del campo español, ofreciéndoles ser cotitulares del medio de vida familiar, cotizar por su trabajo y beneficiarse de subvenciones y prestaciones sociales en igualdad de condiciones. Cuatro años después, los aplausos que acompañaron a esta ley pionera han enmudecido debido a que su impacto ha sido ínfimo: poco más de un centenar de mujeres de toda España se ha beneficiado de ella.

“La igualdad legal no se ha traducido en igualdad real”, sostiene Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que achaca a la falta de desarrollo y de información de la ley su escaso efecto. Sin la concurrencia de estas circunstancias es difícil explicar que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura en junio de este año, tan solo 136 mujeres se hayan acogido a la ley. Una cifra mínima cuando las primeras previsiones apuntaban que unas 300.000 mujeres eran potenciales candidatas a beneficiarse de la titularidad compartida, principalmente integrantes de unidades familiares que viven de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. Fademur, que cita esta estimación, hace hincapié en la dificultad que conlleva obtener datos precisos cuando se computa el trabajo de un colectivo históricamente invisible.

López precisa que generalmente el titular es el hombre mientras que la mujer pasa a denominarse “ayuda familiar” —el 71,1% de los titulares de explotación agraria son hombres, frente al 28,8% que representan las mujeres. Esta categoría considera el trabajo de las mujeres como una extensión de las tareas domésticas. En Fademur han conocido casos de mujeres mayores que, tras pasarse la vida trabajando, su primer ingreso económico propio ha sido una prestación no contributiva o una pensión de viudedad. La ley ofrece la oportunidad del reconocimiento de sus derechos como trabajadoras, autónomas o empresarias a través de su inclusión en el régimen de la seguridad social. Contribuye, al mismo tiempo, a la profesionalización de las mujeres del campo, a mejorar el sector agrario y a la revitalización de los pueblos.

La gallega Liñares, de 38 años y con dos hijos, fue una de las primeras mujeres en Galicia y España en disfrutar de la titularidad compartida. Antes, su trabajo no estaba reconocido como actividad laboral, a pesar de que la jornada de esta mujer arranca a las seis de la mañana: ordeña las vacas, hace el trabajo de oficina, controla el proceso de inseminación de los animales, aplica los tratamientos prescritos por el veterinario, prepara a sus dos hijos para ir a la escuela, vuelve a la explotación para cuidar de las terneras, prepara la comida, hace colada, cuando regresan los niños les ayuda con los deberes, vuelve a ordeñar, atiende partos casi diarios de las reses, prepara la cena y saca tiempo para ayudar a su cuñada a cuidar a sus suegros. De lunes a domingo. Anima a todas sus compañeras del campo a acogerse a la ley, porque le ha facilitado, con mucho esfuerzo, que su trabajo sea reconocido y ha contribuido a la mejora y crecimiento de su negocio familiar (empezaron con algo más de una docena de cabezas de ganado y ahora tienen en torno a dos centenares). Anima también “a los hombres, porque es para mejor”.

Falta de información

Sin embargo, Fademur critica que en algunas administraciones ni siquiera están al tanto de cómo tramitar una solicitud, uno de los principales escollos para que la ley sea eficaz. Lola Martín, de 46 años y madre de dos hijos, que tiene una pequeña explotación familiar de ganado bovino para la producción de carne en Castilla-La Mancha, se interesó por esta ley. Decidió dar el paso de acogerse a ella. Entonces comenzó un periplo administrativo de más de dos años llenos de llamadas, vaivenes burocráticos e instrucciones contradictorias, hasta que aparcó su aspiración. Prevé volver a intentarlo en un tiempo, en el que espera que los cauces administrativos hayan mejorado.

En vísperas del Día Internacional de las Mujeres Rurales (se celebra el 15 de octubre), la presidenta de Fademur cuenta que cuando formaba parte de delegaciones que participaban en encuentros con otras organizaciones de colectivos de mujeres rurales de Europa, a las representantes españolas las abordaban con preguntas sobre la ley y se interesaban por cómo la habían puesto en marcha. Según explica, solo España y la región belga de Valonia cuentan con un sistema legal de titularidad compartida de las explotaciones. Pero el valón difiere sustancialmente del español en la forma de aplicarlo: las explotaciones que reúnen los requisitos necesarios, son consideradas automáticamente de titularidad compartida, salvo que los beneficiarios expresen su rechazo. Este mecanismo es, precisamente, lo que pide Fademur para España a fin de que se garantice la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural.

En el Consejo de Ministros del viernes pasado se aprobó el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, dotado con 23 millones de euros para el periodo 2015-2018. Este proyecto prevé la puesta en marcha de 82 actuaciones encaminadas a dar más visibilidad a las mujeres rurales y a sus problemas, entre ellas algunas relacionadas con la promoción de la ley de titularidad compartida. Tras la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que “las mujeres rurales son clave para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y nuestra sociedad y tenemos que hacer un esfuerzo añadido para atenderlas”.

López explica que Fademur no va a cejar en su empeño de que esa ley tenga el desarrollo necesario para que se convierta en una realidad. Renunciar a desarrollar esta regulación llevaría, a su juicio, a que caigan en saco roto años de esfuerzo e inversiones para mantener vivos los pueblos y el ámbito rural. Y recuerda: “es una cuestión de justicia social” para saldar una deuda histórica con madres, abuelas e hijas que durante siglos han regado con su sudor los campos de España.