Aportaciones de la alianza contra el borrado de las mujeres a la consulta pública del Ministerio de Igualdad en relación al proyecto normativo para la igualdad plena y efectiva de las personas trans

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Desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, compuesta por más de 100 organizaciones de mujeres de todo el Estado, expresamos nuestra firme oposición a la línea en que pretende legislarse modificarse la actual ley sobre transexualidad y que el Gobierno ha puesto en periodo de consulta pública. Pensamos que esa línea legislativa cuyas líneas maestras ya conocemos a través de la Ley registrada en anteriores legislaturas, por quienes hoy son socios de gobierno, vulnera gravemente los derechos de las mujeres y la infancia.
Lo primero que queremos manifestar, es que estas leyes, no amplían derechos para las personas transexuales, que es en lo que la ciudadanía piensa al leer el título de la propuesta. Su objetivo es permitir el cambio del sexo legal a cualquier persona aunque no sean transexuales y no experimentan disforia o incongruencia de género. La novedad central de la ley anunciada es que no será necesario tener un informe médico ni psicológico para poder cambiar de sexo legal pudiendo valerse cualquier persona de este resquicio legal para conculcar las leyes y derechos de las mujeres.

Respecto de esta consulta, es esencial que manifestemos que el Gobierno ya ha establecido encuentros presenciales/virtuales con diferentes personas y organizaciones, de las que el movimiento feminista ha sido excluido. Expresamos nuestro profundo malestar ante el hecho de que el Ministerio de Igualdad haya mantenido reuniones solo con organizaciones afines a su línea de pensamiento sobre la “libre determinación del sexo”. Las mujeres no hemos sido escuchadas en relación a unas leyes que tienen más impacto sobre nosotras que sobre
ningún otro grupo social. Somos el 52% de la población y esta ley compromete la manera en que se nos define jurídicamente, así como nuestros derechos.

Consideramos

Que ya existen leyes desde que reconocen formalmente los plenos derechos de las personas transexuales. En 2007 se eliminó la obligación de someterse a una cirugía para cambiar el sexo legal. En la práctica, en España solo se exige un informe médico y psicológico que acredite la disforia, del mismo modo que a las personas con discapacidad, entre otras, se les exige someterse a una serie de pruebas que acrediten que lo son.

Los derechos de las mujeres se basan en el sexo. Borrarlo es anular toda protección jurídica y normativa en materia de igualdad. El Gobierno anuncia esta ley meses después de que integrantes del Gobierno firmaran un ARGUMENTARIO, elaborado por el PSOE. El ARGUMENTARIO se opone al cambio de sexo mediante la “libre determinación”, es decir, sin requisitos jurídicos ni cautelas frente al fraude. Señala que el sexo biológico es un hecho real sobre el que se construye la discriminación que sufren las mujeres. Para combatirla existen derechos basados en el sexo como el artículo 14 de la Constitución, las leyes contra la violencia de género, las de paridad en cargos y premios, así como las que establecen categorías deportivas de mujeres, marcas físicas distintas en oposiciones y prisiones exclusivas de mujeres. Derechos que son gravemente dañados por la anunciada ley.

La llamada ”ley trans” es, en realidad, el borrado de la mujer y de la igualdad conquistada. Plantea que el sexo es asignado arbitrariamente, y que cualquier persona puede modificar su sexo legal si manifiesta que tiene una “identidad” femenina, masculina, no binaria, fluida, etc. El texto constituye un paso crucial hacia el borrado legal de las mujeres y su sustitución por la “identidad de género” determinada a voluntad. Borrar a las mujeres de las leyes no hará desaparecer el sexismo. Si el sexo legal desaparece, desaparecen también los derechos de las mujeres frente al machismo.

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