Soledad Murillo de la Vega

Autoría: Charo Nogueira, El País

«Todo el Gobierno está consternado y preocupadísimo por los recientes casos de violencia de género, siete mujeres muertas este mes. Esto nos hace pensar que hay que aumentar la difusión de la ley integral para que las víctimas sepan que tienen apoyo, que no están solas», afirma la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. En entrevista telefónica (mantenida ayer), esta responsable del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señala que las agresiones de pareja «todavía se denuncian muy poco». Recuerda a las maltratadas que ese paso es necesario para recibir protección, pero que antes de decidirse a hacerlo también pueden acudir a servicios de apoyo, como la atención psicológica. Murillo (Madrid, 1956) asegura: «Aún no ha calado el mensaje de que la igualdad se basa en el respeto. Es una asignatura que debe aprobarse día a día».
 Siete mujeres han muerto este mes por la violencia machista. ¿Esperaban este repunte tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género?

Suponíamos que agosto sería un mes difícil, porque en vacaciones aumenta el tiempo de convivencia y eso favorece el repunte de la violencia, pero lamentamos que este mes esté resultando tan trágico, especialmente el último fin de semana, con tres mujeres muertas a manos de sus maridos.

La ley integral, aprobada a finales del año pasado y plenamente en vigor desde junio, no ha frenado la sangría: 42 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja este año. De ellas, sólo tres tenían medidas de protección. ¿Qué está pasando?

La ley pretende aminorar el número de víctimas. Confiamos en que lo rebaje, pero no puede acabar con el problema de un plumazo. También lamentamos que sigan sin denunciarse muchas agresiones. En 2004, sólo el 27% de las víctimas mortales había denunciado.

También este mes se han conocido las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley integral. Las ha presentado una magistrada de Murcia porque la norma castiga más a los hombres que a las mujeres por la misma conducta. ¿Le preocupa?

Hemos llevado la ley al límite para que sean delitos lo que eran faltas a fin de proteger mejor a las mujeres, que son las principales víctimas, tal como demuestran las estadísticas del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. Lamento muchísimo que se haya presentado cuestión de inconstitucionalidad sobre ello. Me preocupa que se dude de la constitucionalidad de la norma, aprobada por unanimidad, porque eso supone no entender la dimensión excepcional que tiene la violencia de género. Es una lacra que atenta contra la vida de las mujeres y se basa en una relaciones de poder desiguales, por lo que requiere una respuesta excepcional y actuar con contundencia.

¿Cree que el Tribunal Constitucional dará la razón a la magistrada?

Confío en que no, en que entienda los motivos que llevaron a introducir esa acción positiva. Además, el Código Penal ya recoge otras, como el racismo, la edad o la discapacidad. Me preocupa que en la cuestión de la juez se pongan ejemplos abstractos y que banalizan la realidad. Ella argumenta que la acción penal positiva vulnera la presunción de inocencia. Nosotros defendemos que no y hemos dado prioridad al derecho a la vida de las personas. Además, me pregunto por qué sólo se cuestiona la acción positiva cuando se trata de las mujeres.

¿Por qué?

Porque se cree que la igualdad formal es efectiva, a pesar de que los datos demuestran lo contrario. Esa ley tiene una función pedagógica: lograr que la violencia contra las mujeres se convierta en algo intolerable.

¿Tiene indicios de que el Constitucional vaya a dar la razón al Gobierno?

No tengo ninguno, pero hay que tener en cuenta que ese tribunal ha avalado la discriminación positiva en favor de las mujeres.

Pero también ha fallado en contra de la igualdad entre hombres y mujeres para heredar los títulos nobiliarios.

Cierto, pero ha avalado la discriminación positiva en otros muchos casos, especialmente en aquellos que se refieren a garantizar el derecho a la vida. En ese terreno existe suficiente jurisprudencia a favor de la ley contra la violencia de género.

Tanto el PP como alguna asociación feminista han pedido más medios para aplicar la norma. ¿Faltan?

Medios se tienen. Se van dando los que se van necesitando. Ya se han repartido en conferencia sectorial 10 millones de euros a las comunidades autónomas para aplicar las medidas de información y asesoramiento a las víctimas previstas en la ley. Para el año que viene se ha acordado con ellas el mismo presupuesto. En cuanto a las medidas de empleo, como por ejemplo la prestación económica única a las víctimas que no puedan tener una ocupación, los créditos están disponibles de manera inmediata.

Algunos de los nuevos juzgados dedicados a combatir la violencia contra las mujeres se han visto rebasados.

Sí, pero el Ministerio de Justicia está muy al tanto para solventar los problemas que surjan. Tiene previsto aumentar el número de juzgados en Madrid y Barcelona.

También se han alzado voces para pedir campañas informativas contra la violencia. ¿Las habrá?

Después del verano se aprobará un plan de sensibilización, que ya estudia una comisión ad hoc. En otoño está prevista una campaña publicitaria dirigida a los hombres para desacreditar entre ellos a quienes ejercen la violencia contra las mujeres.

¿Se busca convertir a los hombres en los principales enemigos de la violencia machista?

Es importante jugar esa baza. Hay muchísimos varones que ejercen el buen trato a diario. Ellos son nuestros principales cómplices para desautorizar a quien todavía presume de imponer su criterio y su conducta sobre su mujer.