Comunicado de la PMAC ante la reforma de la Ley de aborto

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Una vez más los intereses del patriarcado tienen voz y operan sin tapujos para someter a las mujeres con el cambio que propugna el gobierno, haciéndose eco de la misoginia tradicional de la Iglesia Católica y de sectores ultraconservadores.

Por todo ello, desde la Plataforma de Mujeres ante el Congreso
Denunciamos:

  • El cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, y en particular las jóvenes, para tomar decisiones sobre su propia vida. Las mujeres son responsables para tomar decisiones sobre su maternidad.
  • La pretensión de que las menores de 18 años no puedan decidir en relación a la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo, tal y como pueden hacer actualmente ante cualquier intervención sanitaria, tanto sobre su realización como sobre la información a dar a sus familiares, de la manera que recoge la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del artículo 9.
  • La supresión de este derecho adquirido por las jóvenes de 16 a 18 años en la actual Ley 2/2010 podría acarrear graves consecuencias para ellas, ya que si una joven teme la reacción de su familia podría recurrir a practicarse un aborto clandestino, con los riesgos que implica.
  • El incumplimiento de la inclusión de la educación sexual con enfoque de género en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria
  • El hecho de que desde los poderes públicos se financie a algunos sectores que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en detrimento o recorte de aquellas entidades que los promueven y garantizan.
  • La ausencia de una regulación de las responsabilidades de los centros sanitarios en relación a la IVE, así como la no regulación de la objeción de conciencia de sus profesionales. Ambas cuestiones pueden tener como resultado que determinados centros sanitarios públicos dejen de atender las IVEs por ausencia de personal dispuesto a hacerlo.
  • El que, con la excusa de las competencias sanitarias de las CCAA, se recorten derechos obstaculizando el acceso a la prestación de IVE, recibiendo las mujeres un trato desigualitario en relación al resto de las prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud según la CCAA en la que residamos.

Así mismo, seguimos en contra de la falta de reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres en relación a su maternidad por parte de los poderes públicos. Por tanto, lejos de modificar la Ley para limitarla aún más, entendemos que el Gobierno debería ampliarla en los términos que venimos defendiendo desde hace varios años e insistimos en denunciar:

  • La criminalización que se hace del aborto voluntario al permanecer como delito regulado dentro del Código Penal, algo injustificado salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
  • La falta de inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio‐sanitarias, que desarrollen acciones formativas que, desde el enfoque de género, capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de normalizar y garantizar la preparación del conjunto de profesionales que la lleven a cabo.
  • La falta de equidad territorial y la ausencia de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.