Invisibilidad de una esclavitud

El día internacional de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual es el 23 de septiembre y en esta ocasión la ministra de Igualdad ha presentado a las organizaciones de mujeres, que se ocupan de las víctimas, un borrador de lo que será un Plan Integral contra esta lacra. Tanto el plan como el diálogo con las organizaciones son decisiones de capital importancia y claramente esperanzadoras.

Hace unos días acudí a un seminario organizado por el Instituto español de la Mujer y la AECID que se celebró en Cartagena de Indias, donde un grupo de expert@s, representantes de instituciones y ONG’s, hemos profundizado durante una semana sobre la situación actual de este fenómeno que tiene muchas aristas.

A diferencia de lo que sucede con el tráfico de armas, estupefacientes o el tráfico ilegal de emigrantes, hemos comprobado que, en general, el panorama que ofrece esta situación es desolador. No sólo por la llamativa falta de recursos económicos que se dedican a ello, sino también porque las penas para los tratantes son bastante más leves que para los demás delitos de tráfico. La persecución policial encuentra obstáculos, a veces insalvables, al llegar a los juzgados. No existen medidas para proteger, atender e indemnizar a las víctimas y no se contempla la prevención ni se arbitran medidas contra la demanda. Por último, la cooperación internacional es deficiente, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un delito transfronterizo. Y lo que es todavía más grave, la esclavitud sexual no está en el debate público, por el contrario es un fenómeno invisibilizado y como consecuencia la sociedad vive de espaldas a una esclavitud que no comercia sólo con la fuerza de trabajo de las personas, sino que lo hace con el cuerpo y, por tanto, con la identidad de las víctimas.

Si hacemos el esfuerzo de comparar esta situación con aquella en la que se encuentra la lucha contra la droga: penas más graves, facilidad judicial, éxitos policiales, centros de desintoxicación, comunidades terapéuticas, fundaciones, conocimiento, alarma, rechazo y tolerancia cero de la ciudadanía, estaremos de acuerdo en que debería causar perplejidad, cuando menos.

Sin embargo, precisamente la trata de personas con fines de explotación sexual hoy en día se perfila como un “próspero negocio”. Y no es extraño si pensamos el coste mínimo que tiene para el tratante el traslado de las víctimas y el beneficio que obtiene durante años de las mismas. Esta razón, unida a la demanda cada vez mayor de estos “servicios” que además se exigen más y más “originales”, “exóticos” o aberrantes, son todos elementos que, unidos a la globalización y a la feminización de la pobreza en el tercer mundo, han hecho que el crecimiento en los últimos 20 años no sea ya progresivo, sino exponencial, superando en estos momentos al tráfico de estupefacientes.

Por no haber no hay ni estadísticas fiables, pero la ONU avanza algunas cifras. Así, entre 4 y 5 millones de personas son tratadas, de ellas entre el 85% y el 95% son mujeres y niñas. En nuestro país son extranjeras en ese 95% y las víctimas, entre mujeres y niñas, suman más de 500.000, siendo 1 millón los varones que utilizan tales “servicios” y 50 millones de euros los que anualmente se gastan los españolitos en semejante “diversión”.

Las víctimas siempre vienen engañadas, pues aún aquellas que más o menos saben que se dedicarán a ejercer la prostitución desconocen las condiciones, porque la realidad sólo es comparable a la que se vivía en los campos de concentración nazis.

Confinadas en la misma habitación donde se las prostituye, les retiran la documentación, pagan permanentemente una deuda económica cada vez mayor, obligadas a proporcionar del orden de 8 “servicios” diarios, sometidas a las más aberrantes vejaciones, amenazadas ellas y sus familias en caso de que escapen, algunas sin conocer el idioma (Europa del Este, Rusia, África Subsahariana) llevadas de un prostíbulo a otro para que no hagan amistad con las chicas o con algún putero, expuestas a enfermedades de transmisión sexual, entre otras, y supeditadas a la voluntad del proxeneta, despojadas, en fin, de todo signo de humanidad. A estas mujeres se les ha vulnerado el derecho a la vida, la dignidad, la libertad, la integridad física y psíquica, la intimidad, etc., etc., etc.

Pero estos derechos humanos no pertenecen al orden de aquellos que pueden concederse o reconocerse. Los derechos humanos han de ser garantizados y es el Estado quien viene obligado a hacerlo. Sin embargo, sólo la sociedad que se llame democrática es la que consigue instituciones que garantizan tales derechos. Por eso es necesario tomar conciencia de una realidad tan cruel que el sistema patriarcal permite sin mover una pestaña.

No le basta con haber naturalizado la prostitución llamándola “el oficio más antiguo del mundo” cuando es la violencia más extrema que puede ejercerse sobre una mujer, sino que precisamente cuando la esclavitud sexual está creciendo desaforadamente y proporcionando beneficios sin cuento, introducen el debate sobre abolicionismo o legalización de la prostitución como un trabajo más. La estrategia, además de sutil, es verdaderamente eficaz, aunque diabólica, de tal manera que cuando se intenta hablar de la trata inmediatamente aparece la prostitución voluntaria que, en el mejor de los casos, no alcanza al 5% de las mujeres que ejercen la prostitución. Pero, además, ¿recuerdan que cuando se abolió la esclavitud había esclavos que no querían ser libres?

Aquí no se trata de un debate, se trata de hacer visible uno de los crímenes más horrendos que puedan existir. Se trata de entender que somos responsables de que se dé esta insoportable situación. Y aunque no pertenezcamos al crimen organizado somos cómplices de este crimen mientras lo permitamos.