La Plataforma Mujeres en Plural, de Granada, celebra el Día Mundial de Acción por el Aborto seguro y legal
La Plataforma “Mujeres, en plural” de Granada, de la que UGT forma parte, ante las declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, en las que anuncia que no sólo derogará la LO 3/20120 que regula la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho hasta las 14 semanas de gestación, sino que habrá una regulación aún más restringida que la de 1985, en la que ni siquiera se contemplarán las malformaciones fetales dentro de las supuestos en los que el aborto estará despenalizado, QUEREMOS MANIFESTAR QUE:
• Consideramos hipócrita la defensa de la vida de los “no nacidos” frente al aumento de la desprotección de la vida de los ya nacidos, como es el caso de la exclusión del derecho a la salud a las personas inmigrantes indocumentadas o los recortes en la ley de dependencia que dejarán a muchas personas con discapacidades físicas y psíquicas en situación precaria.
• Ninguna legislación del mundo equipara las penas por asesinato y aborto, pero el Sr Ministro, se empeña una y otra vez, en no querer ver una realidad, son muchos los países y personas que no comparten su opinión de equiparar de forma absoluta, los derechos de nacidos y no nacidos. Sin embargo, se olvida de las vidas de las mujeres ya nacidas que seguirán abortando. Según datos de la OMS 2003, el 13% de la mortalidad materna mundial es debido a abortos realizados en malas condiciones higiénico-sanitarias. La experiencia de los países con legislaciones restrictivas se han mostrado como estrategias fallidas, ya que han aumentado las muertes y complicaciones de la salud de las mujeres por el acceso a prácticas inseguras y de riesgo, y no han reducido el número de abortos.
• El Sr. Ministro revela tener un profundo desconocimiento de los temas de los que habla. ¿Deberá una mujer cuyo hijo tiene anencefalia y morirá a las horas de nacer, llevar ese embarazo a término? ¿no es ello cruel? La regulación actual contempla un plazo de 22 semanas para las malformaciones congénitas en general y sin plazo, tras decisión de un comité clínico, para las malformaciones muy graves o incompatibles con la vida. Y ello, porque en la actualidad, estas malformaciones suelen detectarse a partir de las 16-20 semanas de gestación.
• No cabe duda de que todo ser humano con discapacidad o sin ella, merece un trato y atención digna. . Que nos lo digan a las mujeres que hemos sido y seguimos siendo quienes, en la inmensa mayoría de los casos, realizamos las tareas de cuidado de estas personas. Y el Estado debe ser garante del derecho que todo ser humano a ser cuidado con respeto a su autonomía y dignidad, pero ello no obvia admitir que bastantes personas que nacen con malformaciones, tendrán una vida plagada de dolor, con ingresos hospitalarios continuos y dificultades añadidas, cuando no una muerte prematura. ¿Es censurable que esos padres y esa madre, en último término, prefieran evitar ese dolor a su futuro hijo mediante un aborto? o ¿deberían resignarse con lo que dios o la naturaleza les ha enviado aunque ello pueda tener solución?, ¿no tiene nada que decir, ni decidir la madre sobre una situación que tantas consecuencias tendrá en su futuro hijo/a y en su vida?
• El cambio de ley nos haría volver a la situación anterior al 85 y nos situaría junto a Irlanda y Malta, en las legislaciones más restrictivas de la Unión Europea. Afectará a todas las mujeres que decidan abortar, al volver a ser considerado un delito, dejando esta decisión en manos de “terceros” que analizaran si el caso se ajusta o no a los supuestos de la ley. Y de forma particular, a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, que no cuentan con medios para viajar a cualquier país del entorno europeo en los que el aborto es considerado un derecho, contemplándose plazos aún más amplios para las malformaciones.
• El Estado como garante de los derechos a la salud de ciudadanos y ciudadanas, debe dar soluciones a este problema de salud pública, atendiendo a la pluralidad de conciencia existente, como corresponde a un país laico y aconfesional y al respeto escrupuloso de la autonomía de las mujeres a la hora de decidir si desean o no ser madres y en qué momento de sus vidas.
