Ley maternidad

Autoria: Mar Vicent

La Ley que prepara el PP valenciano de Protección a la Maternidad (lo de Paternidad mejor obviarlo porque los padres ni están ni se les espera) pudo ser una buena ley. Pudo serlo hace 10 o 14 años porque entonces, como ahora, nadie discute la necesidad de proteger los derechos de las madres gestantes. Quizás con ella se hubieran evitado  parte de los centenares de miles de abortos que se han producido en este país con el inmenso balance de angustia y dolor que han supuesto para las mujeres. Ya asumirán como puedan esta responsabilidad   quienes  pudieron impulsarla  y no lo hicieron hasta ahora,  cuando pretenden subsanar este tremendo olvido manipulando los derechos de las mujeres gestantes frente a los derechos de las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos.

De cualquier forma incluso ahora podría ser una buena ley sino fuera porque  además de tardía e inoportuna, es tramposa, fallida y vejatoria para las mujeres.

Es  una ley tramposa porque entre otras,  reitera  ayudas ya prometidas  (4000 euros por hijo)  que ninguna mujer ha percibido pero que en su momento sirvieron para darle en la nariz al Gobierno central, que por cierto sí está haciendo efectivas las suyas. O que dice “ampliar”  medidas (100 euros al mes para las madres no empleadas desde el inicio del embarazo), que ninguna valenciana ha visto ni en el momento del parto, ni cuando el vástago ha empezado la Primaria.  Mentirosa,  porque incluso incluye  medidas para las que no tiene competencias (como el acortamiento de los plazos para la adopción y el acogimiento).

Es una ley fallida porque no se sustenta en la Red pública de Servicios Sociales     ya existente y ya despreciada para la aplicación de la Ley de Dependencia, sino que pretende crear una nueva red con 186 puntos de encuentro atendidos por equipos itinerantes además de tres centros de atención social de referencia en cada una de las tres provincias. Enorme gasto en tiempos de crisis, cuya  financiación no aparece por ninguna parte, aunque sí se establezca la posibilidad de subvencionar con dinero público   a las organizaciones antiabortistas que ejerzan el voluntariado con  estas necesitadas mujeres.

Es una ley humillante porque insulta la inteligencia y la sensibilidad de las mujeres a las  que  ignora como tales, reduciéndolas a su condición de madres gestantes que para ellos parece ser que es la única que merece respeto y protección. Que no trabaja la prevención, la educación sexual, la extensión de los métodos anticonceptivos precisamente para dignificar la maternidad. Que desprecia  las emociones y los sentimientos considerando que dar a luz es sólo un fenómeno biológico cuya aceptación  se fundamenta  sólo y exclusivamente en una cuestión económica que se resuelve con billetes. De donde se desprende que para ellos sólo abortan las mujeres  pobres porque las ricas tienen lo necesario para ser buenas madres.

La ley que pretenden aprobar no es más que una manzana envenenada  que en absoluto garantiza el libre derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones.