No ignoremos las señales

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Que se la considere como problema y como delito públicos es ya un importante avance y permite que la visibilicemos como la peor manifestación de la desigualdad de mujeres y hombres en la sociedad moderna. La ciudadanía ha de saber que su causa principal es el poder que sobre las mujeres ejercen los hombres, a los que se ha atribuido tradicionalmente superioridad, que incluye la posesión en exclusividad y, por tanto, poder de fuerza y sometimiento. Y ha de rechazarla por sus graves consecuencias, pero también por la terrible injusticia que supone.

Visibilizar igualmente los perversos mecanismos de reproducción (el amor romántico, por ejemplo) de esa estructura de poder, que ha usado a las mujeres como transmisoras de valores que las someten, es otro paso para su erradicación. En ello, como en todo lo anterior, ha sido vital la contribución del feminismo y de los movimientos de mujeres, que nos han permitido contar con herramientas de análisis y trabajo científico y que han logrado con su constante esfuerzo situar en la agenda política la necesidad de políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia de género, políticas que siguen siendo vitales para que la nuestra sea una sociedad cada vez más decente.

La legislación española, que es de las más avanzadas de Europa, todavía es reciente y está en pleno desarrollo de su potencialidad para alcanzar su principal objetivo: conseguir en la sociedad un cambio de modelo para que las relaciones entre los dos sexos estén basadas en la igualdad y la libertad.

La clave del éxito ha de estar en la educación; hay que educar en igualdad, tolerancia y respeto. Es obligación de todas las Administraciones y de la sociedad en su conjunto. Hemos de ejercer nuestra pequeña influencia en la educación en valores. Todas las personas estamos moralmente obligadas a ello.

En lo que va de año, cincuenta y cuatro mujeres han muerto en España a manos de sus compañeros o excompañeros. De ellas, ocho en nuestra comunidad. Estas cifras, que se mantienen más o menos constantes desde que se contabilizan de manera oficial, pueden generar en la ciudadanía la percepción de fracaso de las leyes y de las políticas que se desarrollan. Por eso es tan importante seguir trabajando para que seamos conscientes del hondo arraigo del problema que atacan. Y valorar los avances.

En aplicación de los derechos y tutela que concede la ley integral, desde el ámbito competencial del Gobierno de España, en los primeros 10 meses de este año se han interpuesto más de 9.000 denuncias por mujeres en nuestra comunidad. Por parte de la Justicia, en este mismo periodo se han concedido más de 5.000 órdenes de protección. Y, como no puede ser de otra forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les han hecho seguimiento, manteniendo, a día de hoy, a 2.291 con medidas de protección activas en la Comunidad, de las que 109 se siguen mediante dispositivos de teledetección. Nuestro reconocimiento por un trabajo bien hecho.

1.900 mujeres residentes en la Comunidad Valenciana disponen del dispositivo de atención y protección por violencia de género (la antigua teleasistencia), cuya prestación se ha ampliado a mujeres que aún no han presentado denuncia y que están siendo atendidas por servicios sociales.

Están adheridos al protocolo de colaboración y coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica, suscrito, en marzo de 2006, por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior, 79 municipios. Tenemos constituidas 39 mesas de coordinación policial para hacer seguimiento a nivel municipal y se han incorporado al Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (SSIVdG), 29 cuerpos de Policía Local.

Conocer y sensibilizar sobre sus peculiaridades, no generar en las víctimas expectativas de soluciones rápidas y definitivas, poner desde las Administraciones los recursos especializados suficientes, acompañar sin imposición y empoderando. De todo esto saben mucho las buenas profesionales (trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, médicas, fiscales…), que llevan poniendo en práctica todo su conocimiento, su buena práctica, más allá de lo que el compromiso profesional exige. Y también las mujeres que, desde el movimiento asociativo, son punto de apoyo imprescindible en la recuperación de muchas víctimas. Para ellas ha de ir nuestro reconocimiento hoy que celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres.

Pero todo este esfuerzo no será todo lo efectivo que debe ser si no se enmarca en políticas públicas rigurosas y comprometidas, que impliquen a todas las administraciones públicas. Merecemos vivir en una sociedad respetuosa y pacífica y se puede conseguir, hay que seguir luchando.

(*) Marina Calatayud es jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. También firma esta tribuna María Ángeles Merino Alonso, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Valencia.