Nosotras, las “querulantes”.

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A iniciativa de Abogadas por la igualdad una veintena de Asociaciones feministas que trabajamos en red, hemos denunciado ante el Consejo General del poder judicial la actuación de Marta Iglesias titular del juzgado que atiende los casos de violencia contra la mujer por no celebrar la preceptiva comparecencia antes de emitir una orden de protección si la mujer que ha denunciado malos tratos está calificada con riesgo bajo por la Policía.

Ante nuestra queja han respondido sucesivamente, el Consejo abriendo un expediente a la jueza, ésta explicándose, descalificando nuestra acción y ayer mismo la Junta de jueces de Oviedo con una declaración emitida por su decana criticando nuestra crítica, considerándola incluso como una injerencia en el funcionamiento democrático de la justicia.

Creo que el caso bien merece una explicación detallada. Podríamos fundamentar nuestra queja en el hecho obvio que si el procedimiento legal requiere que la jueza oiga a la víctima antes de determinar si procede una orden de alejamiento, este requisito debe cumplirse. No es en el mundo de los procedimientos judiciales precisamente donde la ciudadanía puede hacer caso omiso de las normas, tampoco los jueces. Sin embargo nunca ha sido la norma y su cumplimiento una prioridad para mí o para la mayoría de las mujeres que formamos parte del feminismo. Quiero suponer que la razón de que la jueza se salte este paso, está motivado por la escasez de tiempo y medios con los que opera la justicia y que considera suficiente el informe policial.

Desgraciadamente no lo es y aquí entramos en otro aspecto relevante a la hora de enfrentar la violencia contra las mujeres. Los protocolos que la policía sigue para determinar el riesgo de una situación concreta son claramente muy insuficientes. Tan es así que el pasado año, de 15 mujeres cuyos asesinos no tenían orden de alejamiento, 14 habían sido consideradas de bajo riesgo.

Sabemos que es muy difícil ponderar una situación y su evolución en el tiempo. Sería necesario un profundo estudio psicológico con profesionales de gran experiencia y aún así no podría garantizarse, pero ciertamente un mejor protocolo y más medios limitaría el peligro. Por tanto ese es nuestro objetivo.

Sin embargo hay un aspecto que me parece el más importante en la motivación de nuestra queja. El derecho de la víctima a ser escuchada, para captar información pero sobre todo como muestra de respeto. Las mujeres que pasan esta situación han visto vulnerados todos sus derechos, viven en una sociedad democrática en la que ellas no tienen derechos civiles básicos como a la dignidad o a la integridad física, el espacio del hogar sinónimo de protección y seguridad para la mayoría es para ellas el espacio del terror. La ruptura no las libera, pasan a temer cada esquina, cada sombra. Si el Estado no les garantiza el disfrute de sus derechos lo mínimo es garantizarles el respeto y la escucha. Y quién debe expresarlo es el sistema policial y el judicial. Lo contario es añadir maltrato institucional al que sufren en manos de sus parejas o exparejas.

En su respuesta la jueza llama a las asociaciones querulantes (dejad el diccionario ya lo consulté yo) es decir querellantes patológicas que dedican su tiempo a presentar denuncias sin motivo a cualquiera que su paranoia les requiera. Es tentador establecer una reflexión sobre el poder y la palabra, en cualquier profesión u oficio se encontrarán personas a las que se denomina pelmazas, latosas, pesadas etc.., conseguir un palabro como este y considerarlo una patología no lo puede hacer cualquiera.

Pero vayamos al meollo del asunto. Estoy segura que nuestra jueza, lo mismo que la decana y sus compañeras están orgullosas de su carrera profesional y del esfuerzo que han hecho para llegar donde están. No me resisto a recordarles que lo han logrado gracias a nuestra querulancia. Cuando entré en la Universidad (y aún no me he jubilado), mis compañeras que estudiaban Derecho no tenían en su horizonte la posibilidad de ser juezas, era un terreno prohibido a las mujeres, independientemente de su capacidad y esfuerzo. Fuimos las querulantes feministas las que conseguimos que en la agenda de la democracia entraran estas cuestiones y se consiguieran. Las juezas que acceden al juzgado sobre violencia lo hacen por sus méritos pero también porque nuestra querulancia consiguió nuevas leyes y nuevos instrumentos para garantizar derechos para todas las personas, específicamente en estos casos mujeres, pero no solamente ellas, que los ven conculcados.

Me inquieta que a la Junta de jueces de Oviedo le preocupe la actuación de la ciudadanía organizada, en este caso en organizaciones feministas, que pretenden con todo el derecho democrático a su favor, conseguir la mejora del funcionamiento de un servicio público que tiene que proteger a las víctimas porque eso es lo que requiere la Justicia.

Las leyes y los procedimientos no caen del cielo escritas en piedra son fruto de pactos sociales conseguidos por medio de la presión y del consenso, establecidos en los Parlamentos y aplicados en los tribunales. El sistema judicial no está en una torre de marfil, está inmerso en una sociedad conflictiva donde hay víctimas y victimarios donde hay ideologías igualitarias y donde persisten mentalidades y actuaciones que favorecen la opresión.  El ampararse en la independencia del poder judicial, que defendemos, no exime a sus miembros de su compromiso con la profundización de la democracia ni les blinda frente a la crítica a sus actuaciones.